El objetivo, señalan desde la consejería de Claudia Pérez Forniés, es evitar que una mala implementación de la medida genere efectos perversos.
El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón se ha dirigido por carta a los ministros de Educación y Formación Profesional, Universidades, e Inclusión y Seguridad Social para reclamar la convocatoria de una conferencia sectorial en el que se aborde la entrada en vigor, a partir del uno de enero, de la obligación de cotizar a la Seguridad Social de todo el alumnado que realice prácticas externas incluidas en programas de formación.
El Ejecutivo autonómico, al igual que han planteado otras comunidades, considera que existen aún muchas dudas en torno a la aplicación de esta medida, y exige la interlocución conjunta de las administraciones educativas con todos los ministerios implicados para que aclaren de forma urgente todos los extremos pendientes.
La Consejería insiste en que deben darse los pasos precisos para garantizar la calidad de las prácticas del alumnado y asegurar la correcta implantación de la medida, con el objetivo de evitar generar efectos perversos. En este sentido, advierte en su escrito que, de mantenerse en los términos actuales, podría darse “un colapso” en las prácticas formativas, “con graves consecuencias inmediatas para el alumnado, sin posibilidad de titular, y del sector productivo, carente de profesionales cualificados”.
De hecho, recuerda, ya se ha producido un “aluvión de consultas y preocupaciones de los centros docentes con la consecuencia inmediata de que muchas empresas y organismos equiparados, incluidos organismos públicos, han manifestado la no continuidad en los programas de formación”.
En la carta, firmada por la consejera Claudia Pérez Forniés, se exponen una a una las dudas en cuanto a la aplicación de la medida, aprobada en la reforma de las pensiones, que no han sido despejadas aún por el Gobierno central.
En primer lugar, y en cuanto a la FP, se manifiesta que la norma que la regula no considera, en ningún caso, como prácticas las estancias formativas de los alumnos en las empresas: “Tendrá consideración de formación curricular, en cuanto que contribuye a la adquisición de resultados de aprendizaje del currículo, y en ningún caso tendrá la consideración de prácticas ni supondrá la sustitución de funciones que corresponde a un trabajador o trabajadora”.
El Departamento destaca además la falta de conocimiento de la Tesorería General de la Seguridad Social en torno al funcionamiento de estas enseñanzas y de las características del alumnado de FP. A este respecto, señala que algunos estudiantes son menores de edad, otros trabajan y estudian a la vez -generando una doble alta de la Seguridad Social-, hay alumnos en situación irregular en España, y subraya que las prácticas sean curriculares, esto es, necesarias para poder obtener el título.
Desde la Consejería se apunta además a que se desconoce si habrá que tramitar prestaciones de incapacidad temporal, y tampoco aparece recogido en ninguna norma si esta cotización es compatible con el desempleo.
Asimismo, se advierte de que las empresas, con las que se trabaja “codo con codo” en las enseñanzas de FP desconocen las consecuencias de la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, esto es, antigüedad del alumnado, consecuencias en plantillas en ERTES o deudas con la Seguridad Social ante cualquier mínimo fallo.
A todo esto –prosigue el escrito- hay que añadir que los alumnos de FP ya se han matriculado en septiembre, no se les ha pedido el número de afiliación, algunos ya han comenzado sus prácticas y ya han abonado la cuota del seguro escolar. A 1 de enero se entendería como una doble cotización y se desconoce cómo se va a devolver esa cuota a todo el alumnado.
Tampoco se ha aclarado si los estudiantes de Enseñanzas Artística y de Enseñanzas Deportivas estarían también obligados a cotizar por las prácticas, ya que legislativamente no son alumnos de FP.
Hay que recordar que, ante la presión de universidades y empresas, el Gobierno central ya se vio obligado a retrasar de octubre a enero la entrada en vigor de esta medida. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas llegó a advertir de que -tal y como estaba planteada- “ponía en riesgo la realización de una completa formación de los estudiantes”.
