España continúa en su empeño de destruir presas hidráulicas a pesar del valor que tienen para abastecer de agua las regiones donde han sido construidas. Un camino suicida que amenaza la agricultura y la ganadería de miles de trabajadores.
En 2021 España lideró el ranking de países europeos con mayor número de barreras pluviales derribadas o desmanteladas. El liderazgo en este tipo de actividades es incuestionable y en 2021 se demolieron 108 estructuras muy por delante de las 40 de Suecia, las 39 de Francia, las 16 de Finlandia, o las 10 del Reino Unido.
No contentos con ello un año después en 2022 el Ministerio de transición ecológica dejó sin gastar más de la mitad de las inversiones que estaban previstas para realizar obras hidráulicas y solo 100 millones de los 210 previstos se acabaron invirtiendo en depuradoras de saladoras y otras obras ahora en 2023 ni siquiera la seguía parece que es capaz de hacer entrar en razón al gobierno de Pedro Sánchez que planea derribar en el corto plazo al menos dos presas de gran importancia.
La primera de ellas sería la presa de Valdecaballeros en Cáceres. Esta presa fue creada para refrigerar dos reactores nucleares que nunca se llegaron a terminar. Sin embargo pasó abastecer de agua a más de 3.000 personas además de servir de riego a 20.000 hectáreas usadas por los ganaderos de la zona para alimentar a sus animales. La orden que aprueba el derribo está publicada ya en el BOE pero tanto el presidente de la Junta de Extremadura como los habitantes de la zona se oponen frontalmente a esta decisión hasta el punto que un vecino inició el pasado lunes una huelga de hambre en señal de protesta.
La segunda es la presa de los Toranes en Teruel construida para su aprovechamiento hidroeléctrico por parte de Iberdrola que será demolida por orden del Ministerio de transición ecológica tras caducar la concesión. Los vecinos de los pueblos de la zona denuncian que el agua sirve tanto para el regadío como para la extinción de incendios.
Desde el gobierno alegan que el objetivo de este tipo de políticas es recuperar el curso natural de los ríos y sus hábitats. Sin embargo cuando ahondamos un poco sobre el asunto vemos que todo responde una vez más a los objetivos de la agenda 2030 en concreto hablamos del 6.6 que dice textualmente que hay que restablecer los ecosistemas relacionados con el agua incluidos los ríos los acuíferos y los lagos.
A esta situación se suma el vaciado de pantanos en Extremadura para producir electricidad barata en concreto el mes pasado fueron desperdiciados 46 mil millones de litros de agua que es el equivalente para abastecer a 600.000 habitantes durante un año.
En definitiva, estamos ante un nuevo ataque dirigido a acabar con la agricultura y la ganadería del país y a privatizar un recurso como el agua porque una población sin recursos propios es una población sin libertad.
